IZQUIERDA UNIDA REGISTRA UNA MOCIÓN DE RECHAZO AL PROYECTO DE LEY SOBRE EL NUEVO CÓDIGO PENAL.

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha registrado para el próximo pleno ordinario del ayuntamiento una Moción de rechazo al Proyecto de Ley sobre el nuevo Código Penal. Izquierda Unida considera que la propuesta de Código Penal aprobada en Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre de 2013 representa una clara agresión a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978 y abre la puerta a una peligrosa deriva: la de criminalizar la legítima protesta social y demonizar a las víctimas de la crisis, reeditando consecuencias parecidas a aquellas que provocara la represión franquista con leyes de infausto recuerdo, como la “de vagos y maleantes”. Para IU, esta “criminalización” de la protesta que conlleva la reforma del Código Penal encierra la intención del Gobierno de Rajoy de responder al conflicto social e, implícitamente, penalizar al más débil junto a la protesta y la contestación social. Desde Izquierda Unida sentimos una profunda preocupación por esta deriva autoritaria, represora, involucionista y populista, del proyecto de Código Penal que el Gobierno está dispuesto a aprobar. Para IU, este Proyecto de Ley sobre el nuevo Código Penal es una camisa de fuerza contra los ciudadanos que protestan. Pues derechos como el de manifestación, reunión, expresión u opinión quedan amputados por un proyecto de Ley que tiene como finalidad controlar y reprimir a una buena parte de la sociedad que no está de acuerdo con la política llevada a cabo por este gobierno. Entre otros, penaliza la protesta colectiva dentro de recintos públicos o privados, aún siendo ésta pacífica. Recorta el derecho de expresión en llamamientos públicos a la movilización o en mensajes de apoyo a estas movilizaciones. Equipara como agresión a las fuerzas del orden público la mera resistencia a la detención, por pacífica que ésta sea. Criminaliza la pobreza y necesidades sociales, e incluso llega a afectar a las personas que sufren una enfermedad mental, que serán remitidas en algunos casos a instituciones carcelarias en lugar de recibir la necesaria atención por parte de instituciones y profesionales sanitarios. Izquierda Unida destaca también la “impunidad económica” que puede suponer este Código Penal, ya que mira para otro lado en lo que produce escándalo social y deja impunes a los corruptos y a la “gran delincuencia de cuello blanco”, pero se ceba con los más débiles y se dedica a reprimir a las víctimas de la crisis. Para IU también sería alarmante la posibilidad de que las multas pudieran ser tramitadas en el ámbito administrativo, lo que supondría que las personas que quisieran recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo tendrían que pagar tasas y abogados, con lo que la mayor parte de ellos no podrían obtener la tutela judicial efectiva, mientras que hasta ahora pueden conseguirla incluso gratis a través de la vía penal. Para IU, esto convertiría a los ciudadanos en “sumisos e irremediables sancionados”. IU lo considera un código autoritario hecho para reprimir al adversario social y político; un código que abandona el objetivo constitucional de la reinserción; el código de un Estado penal y policial como alternativa autoritaria ante el desmantelamiento del Estado social y el consiguiente incremento del conflicto. Para IU, un Estado que necesita blindarse con un Código Penal que criminaliza a los ciudadanos, que usa la represión física o legal para imponer sus políticas de recorte social es un estado sin autoridad MOCIÓN: Exposición de motivos Izquierda Unida considera que la propuesta de Código Penal aprobada en Consejo de Ministros el pasado 20 de septiembre de 2013, representa una clara agresión a derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978. Derechos como el de manifestación, reunión, expresión u opinión quedan amputados por un proyecto de Ley que tiene como finalidad controlar y reprimir a una buena parte de la sociedad que no está de acuerdo con la política llevada a cabo por este gobierno y ni con las terribles consecuencias sociales de paro, pobreza y pérdida de servicios públicos que se están perpetrando: servicios como la sanidad, la educación o las ayudas sociales por la dependencia, están siendo privatizados o eliminados directamente, con la consiguiente indignación de los españoles y españolas, cada vez más dispuestos a pedir en la calle lo que les niegan sus gobiernos en las instituciones. En este marco, para el gobierno central del Partido Popular se hace necesario el recorte de las libertades y derechos de los ciudadanos que rechazan su política, para lo que se sirve de un proyecto de Ley que nos retrotrae directamente hasta el franquismo. Artículos como el 557 bis que en su apartado 3 sataniza al conjunto de una manifestación, a partir de un acto violento individual, o de un grupo concreto; el artículo 557 ter, que penaliza la protesta colectiva dentro de recintos públicos o privados, aún siendo ésta pacífica; el artículo 559, que recorta el derecho de expresión en llamamientos públicos a la movilización o en mensajes de apoyo a estas movilizaciones; o el 560 bis que castiga penalmente la interrupción de servicios de telecomunicaciones o de transporte, aunque ésta no dañe a personas o bienes; así lo demuestran. La propia “cadena perpetua” de facto que prevé, a partir de condenas revisables, es a su vez una medida injustificada, irracional, e ineficaz, que demuestra el carácter represivo y el recorte de derechos civiles de este código penal, y el “populismo penal” de grueso trazo y tintes propagandísticos del que el PP tiñe toda su política legal y jurídica. Se pretende criminalizar la protesta activa, connotándola como violenta, pero también el mero hecho de expresar el apoyo público a la misma y su difusión, y equiparar la agresión a las fuerzas del orden público con una mera resistencia a la detención, por pacífica que ésta sea, abriéndose camino la criminalización de cualquier tipo de manifestación en la que pueda producirse una intervención policial, bien por alteración del orden público o por orientación del gobierno de turno. Poner en marcha un código penal represivo como este es más propio de dictaduras que de regímenes democráticos. Pero además, es un Código que también criminaliza a las víctimas de la crisis, reeditando consecuencias muy severas parecidas a aquellas que provocara la represión franquista con leyes como la “de vagos y maleantes”, porque criminaliza la pobreza y necesidades sociales, e incluso hasta la enfermedad mental, a cuyos pacientes remite a instituciones carcelarias negándoles el necesario ingreso y la necesaria atención por parte de instituciones y profesionales sanitarios. Las cifras delictivas en España, en cambio, muestran que no hay un problema de delincuencia que requiera esta respuesta tan agresiva y contraria a los principios constitucionales de un Estado de Derecho. Se está proyectando un articulado penal reaccionario, vengativo y autoritario, con un incremento desproporcionado de penas, y con nuevos tipos delictivos que van contra la protesta social, las situaciones de pobreza o contra pacientes de enfermedades mentales, mientras se olvida la delincuencia económica y la corrupción. Es un código autoritario para reprimir al adversario social y político; un código que abandona el objetivo constitucional de la reinserción; el código de un Estado penal y policial como alternativa autoritaria ante el desmantelamiento del Estado social y el consiguiente incremento del conflicto. Por último, un Código Penal que regula una parte importante de los derechos y libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas no puede, o al menos no debe, ser aprobado sin un amplio consenso del conjunto de fuerzas democráticas en el Parlamento, porque además vulnera absolutamente valores de libertad, justicia, igualdad y los propios valores jurídicos, que están contemplados en la Constitución Española. Un Estado que necesita blindarse con un Código Penal que criminaliza a los ciudadanos, que usa la represión física o legal para imponer sus políticas de recorte social es un estado sin autoridad. Este tipo de medidas no solo dañan la democracia, dañan la imagen de cualquier país democrático, por todo lo expuesto, y desde el convencimiento de que la mejor política criminal es una buena política social, IUCyL propone a este Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS: 1. Manifestarnos en contra del proyecto de Código Penal aprobado en el Consejo de Ministros el viernes 20 de septiembre de 2013. 2. Instar al Gobierno central a que retire el proyecto e inicie un debate público, transparente y plural, con el resto de fuerzas políticas y sectores sociales que se puedan ver afectados por la modificación del actual Código Penal. 3. Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno central, a los diferentes Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y a los agentes sociales, asociaciones y colectivos afectados.