MOCIÓN sobre el Anteproyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibiliad de la Administración Local.

ANTECEDENTES Y MOTIVOS






El Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero recibió un Informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre el Anteproyecto de “Ley para la racionalización y la sostenibiliad de la Administración Local”. Tal informe proviene de un nivel de Estado, como es el gobierno central, para modificar radicalmente otro nivel diferente, el local, sin contar con este, ni con la administración autonómica. Esta propuesta supone un ataque frontal a la autonomía local.



Desde el principio de administración más cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia de descentralización política.

La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución Española, acordada por el PSOE y el PP en septiembre de 2011, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las administraciones públicas, y a esta obsesión se somete ahora a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa rigidez provoca en la sociedad, principalmente en las capas populares.



Se propone legislar bajo el prisma del intervencionismo más absoluto, sin solucionar el problema esencial de las Entidades Locales, es decir, una financiación adecuada de las mismas. Ese intervencionismo puede implicar el vaciado de competenias en determinados municipios y la eliminación y supresión de los mismos, en caso de no superar los estándares establecidos por el Ministerio.





Habla el informe de que elimina duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Sin embargo, no se eliminan duplicidades; sino que, en todo caso, se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como los servicios sociales, la educación o la salud , para pasarlas a las Comunidades Autónomas.



Ignora las competencias autonómicas sobre el Régimen Local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios, y reconoce como uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada.



Las claves de esta propuesta de Reforma reside en: el debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus competencias; la anteposición de los principios financieros sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal, la intervención municipal; el fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y a la falta de transparencia como son las Diputaciones Provinciales; y la privatización de los servicios públicos.



Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público municipal. Propone la limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y concejalas de los 8.116 municipios españoles.



En definitiva, la reforma de la administración local supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la centralización y al papel tradicional de aquéllos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central.



Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al Ayuntamiento Pleno los siguientes ACUERDOS:



1.- Solicitar al Gobierno la retirada del “Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibiliad de la administración local”

2.- Elevar al Gobierno Central la propuesta de que cualquier reforma que afecte a las entidades locales deberá contar con la participación de las mismas, tanto directamente como a través de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias.







3.- Comunicar igualmente al gobierno Central la necesidad de promover una Ley de Financiación Local que resuelva el fortalecimiento de las competencias locales y su financiación.

4- Adherirse a las acciones legales que se interpongan para intentar parar esta reforma incluido en su caso el recurso de inconstitucionalidad.

4.- Adherirse a cuantas plataformas se pongan en marcha en defensa de un municipalismo democrático y cercano a los intereses de la ciudadanía.

5.- Dar traslado de los acuerdos al Presidente del Gobierno, a todos los Grupos Parlamentarios de las Cortes Generales, a la Comisión Ejecutiva de la FRMP de Castilla y León y a la Comisión Ejecutiva de la FEMP.