martes, 4 de septiembre de 2012

IU PRESENTA MOCIÓN CONTRA ANTEPROYECTO MODIFICACIÓN LEY DE BASES DE RÉGIMEN LOCAL

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Gobierno del Partido Popular, dentro del marco de “reformas” que ha decidido emprender, ha presentado un anteproyecto de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que afecta a 14 de sus artículos bajo el argumento de la necesidad de adecuar esta ley a la recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Antes de entrar a valorar el contenido de la propuesta de reforma presentada merece la pena recordar que desde el conjunto del municipalismo español se viene exigiendo desde hace mucho tiempo la reforma de la Ley de Bases de régimen local de 1985 por considerar que la misma en algunos de sus aspectos había quedado obsoleta y que era necesario abordar con seriedad la nueva legislación teniendo en cuenta la nueva realidad municipal, la experiencia de gestión adquirida en estos mas de 35 años y la necesidad de dar cumplimiento al principio de suficiencia financiera local .

Desde IU hemos defendido contundentemente en los últimos años la necesidad de abordar las necesidades municipales garantizando el principio de autonomía local, reconociendo a los ayuntamientos su papel como parte del Estado, su autonomía política y su capacidad de gestión, y hemos exigido una profunda reforma del sistema de financiación de los entes locales que les doten efectivamente de la financiación adecuada al cumplimiento de sus fines.

Desde este punto de vista la propuesta de modificación presentada por el gobierno de Mariano Rajoy y analizada en el Consejo de Ministros de 13 de julio del 2012, es absolutamente decepcionante en su contenido, falsa en su justificación y profundamente ineficaz y nociva para el interés de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.

El gobierno justifica la modificación de 14 artículos de la Ley de Bases de régimen local en la necesidad de adaptar este texto a la nueva ley de estabilidad presupuestaria.

Tal justificación no puede calificarse más que como falsa por las siguientes razones:

1º.- Los ayuntamientos tienen establecida por ley, desde hace mucho tiempo, el cumplimiento del equilibrio presupuestario no pudiendo aprobar en ningún caso presupuestos con déficit y viéndose obligados en caso de existir el mismo al finalizar el ejercicio, a aprobar el siguiente presupuesto con el superávit suficiente para cubrir el déficit.

Los ayuntamientos tienen grandes y graves problemas económicos pero los mismos se derivan de una insuficiencia histórica de la financiación local y en la actual crisis económica de una caída brutal de los ingresos.

2º.- La aportación de los ayuntamientos al déficit del conjunto de las administraciones públicas en nuestro país es absolutamente irrelevante, por lo que no se comprenden medidas tan radicales para solventar un problema de tan escasa entidad.

Examinado el anteproyecto presentado se comprueba que el mismo supone un ataque frontal y sin precedentes a los principios constitucionales de autonomía local y suficiencia financiera.

Se utiliza la reforma para dar una vuelta de tuerca al municipalismo español limitando su capacidad política y de gestión, y eliminando la definición constitucional de los ayuntamientos como parte del Estado.

En el texto del anteproyecto presentado se avanza en la dirección contraria a lo que han sido tradicionalmente las reivindicaciones del municipalismo español y:

1º.-SE PRETENDE ELIMINAR EL PRINCIPIO DE AUTONOMIA LOCAL. La reforma incorpora la posibilidad de que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan verse privados de sus competencias para prestar servicios mínimos por decisión de las Comunidades Autónomas. Tal regulación atenta claramente contra el principio de autonomía local, da una preeminencia jurídica y política a las comunidades autónomas sobre los ayuntamientos que no tiene sujeción legal y relega al mundo municipal a un papel residual en el contenido político de la gestión.

Por otro lado establecer que para que un Ayuntamiento pueda poner en marcha iniciativas publicas de carácter económico, tal decisión se tenga que aprobar por los órganos de gobierno de las CCAA, con unas condiciones tan exageradas y unos sistemas de control tan exhaustivos solamente puede pretender que las mismas no se lleven a cabo. A través de esta reforma se pretende básicamente poner coto a la actividad municipal, reducirla a la mínima expresión, llegando al extremo de exigir un estudio de mercado con objeto de que la iniciativa municipal no afecte a la concurrencia empresarial. Es decir si la actividad se ejerce desde el ámbito privado no es necesaria la actividad publica. Toda una declaración de intenciones y de intereses elevada al rengo de ley.

Valgan estos dos ejemplos para ilustrar el trasfondo de una reforma que pretende modificar el modelo constitucional de la estructura territorial del Estado relegando a los ayuntamientos al mero papel de delegaciones de las CCAA y del Estado, sin contenido político y sin capacidad de gestión mas allá de lo que decidan las otras administraciones.

A nuestro juicio este proyecto vulnera lo establecido en el Art 142 de la Constitución española y en caso de ser aprobada habría que cuestionar tanto política como jurídicamente su constitucionalidad. También y bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria el Estado se reserva facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de gestión y el programa político de los ayuntamientos. Llega al extremo de pretender modificar el papel de los interventores municipales que pasaran a depender funcionalmente del Ministerio de Hacienda, ante el que rendirán cuentas.

Por tanto en vez de avanzar en la línea de construir ayuntamientos mas fuertes con mas competencias y mayor capacidad de gestión se va en la dirección contraria, intentando alejar la política de los ciudadanos y convirtiendo a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones y abriendo la puerta, aun mas si cabe al clientelismo partidista y al trato arbitrario.

2º EL ANTEPROYECTO MODIFICA LAS COMPETENCIAS MUNICIPALES y realiza una radical reducción sobre el marco competencial municipal reservando a los ayuntamientos prácticamente las competencias relativas al mantenimiento de la ciudad.

En tal sentido hay que señalar que desaparece expresamente cualquier referencia a las competencias en materia de educación y de sanidad que vienen contempladas en el actual texto, se eliminan las relativas a igualdad de la mujer, protección del medio ambiente o vivienda, entre otras…Asimismo se elimina la disposición transitoria segunda de la actual Ley de Bases de Régimen Local que contiene una cláusula competencial residual que ha permitido que los ayuntamientos hayan podido realizar políticas en otras materias además de las estrictamente definidas.

Se incorpora el principio de “una administración una competencia” pero no después de un análisis de quien y como debería ejercerlas sino simplemente eliminando la posibilidad de que los ayuntamientos puedan ampliar su ámbito de actuación en materias de interés para los ciudadanos. Se olvida la gran experiencia de gestión local en muchas materias como empleo, vivienda, igualdad de oportunidades, prevención de la salud, educación infantil, etc y se obvia conscientemente que hoy existen estructuras estables de gestión cuya única alternativa prevista en la Ley es su desaparición ya que se prohíbe la realización de otras competencias distintas a las señaladas legalmente.

También y bajo la excusa del control de la estabilidad presupuestaria, el Estado se reserva facultades de intervención inauditas que pretenden controlar a través del gasto la capacidad política, de gestión y el programa político de los ayuntamientos. Llega al extremo de pretender modificar el papel de los interventores municipales que pasaran a depender funcionalmente del Ministerio de Hacienda, ante el que rendirán cuentas.

3º.-En tercer lugar se refuerza el papel de las diputaciones provinciales, estructuras obsoletas, cuestionadas políticamente en muchos casos e inútiles una vez que existen las CCAA. Se les refuerzan en detrimento de las mancomunidades o consorcios constituidos voluntariamente por los ayuntamientos en el ejercicio de su autonomía local. El que las diputaciones puedan realizar los servicios mínimos de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes por decisión autonómica significa darles un papel político incomprensible.

Nosotros seguiremos defendiendo la desaparición de las diputaciones provinciales y la asunción de sus competencias por la CCAA, ya que en este momento sus funciones se suplantan, se confunden y en muchos casos se duplican.

4º.- NO SE ABORDA LA NECESIDAD DE MEJORAR LA FINANCIACION LOCAL para asumir los retos municipales y solamente se menciona la obligación de cumplir la Ley de estabilidad presupuestaria por encima de todo, no se menciona ni una sola vez a los ciudadanos y sus derechos y no se aborda la insuficiencia financiera local. Bien al contrario las disposiciones transitorias previstas en el anteproyecto establecen la obligación de evaluar el coste de los servicios municipales estableciendo tres opciones para los ayuntamientos si los mismos son deficitarios : o se cierran o se privatizan o se intervienen.

5º.- SE PRETENDE REDUCIR LA DEMOCRACIA LOCAL planteando la eliminación de mas de 3.725 entidades locales y la reducción de mas del 30% de los concejales de nuestro país, bajo la excusa de la reducción del gasto publico.

La reducción de entidades locales solamente debería producirse si así se acuerda por la propia entidad local en ejercicio de su autonomía y teniendo en cuenta la decisión de los vecinos de las mismas que en numerosas ocasiones intervienen de un modo muy directo en sus decisiones políticas .Su eliminación no solamente no supondrá un ahorro de gasto sino que eliminará experiencias y espacios de participación ciudadana.

En le referido a la propuesta de reducción del 30% del numero de concejales, la misma solo pretende eliminar la pluralidad política municipal limitando la presencia política de las fuerzas políticas minoritarios sin que tal medida vaya a provocar un ahorro de gasto significativo ya que la mayoría de los cargos públicos locales no están liberados ni perciben cantidades importantes por la labor desempeñada de representación política.

En CONCLUSION analizamos con extraordinaria preocupación este anteproyecto, consideramos que el mismo anula el principio de autonomía local. Asimismo discrepamos profundamente del marco competencial previsto y nos oponemos radicalmente al modelo del PP de regular ayuntamientos controlados políticamente, sin capacidad de gestión.

Pero sobre todo nos oponemos a este anteproyecto porque es malo para los intereses de los ciudadanos de nuestro país que a diario utilizan miles de servicios municipales de carácter educativo, de salud, de empleo de vivienda, deportivos, culturales, en materia de igualdad, de promoción de la infancia o la juventud, de carácter social, de atención a los dependientes, etc…, servicios que con este anteproyecto están abocados a desaparecer. En esta época de crisis esta propuesta de reforma provocará más pobreza, más desigualdad y menor cohesión social.

Esta contrarreforma supone un paso mas en el objetivo de debilitar el Estado, de reducir el espacio de lo publico.

En base a todo lo anteriormente expuesto se propone al Pleno que adopte los siguientes acuerdos:


1º.- EXIGIR LA RETIRADA DE ESTE ANTEPROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY DE BASES DE REGIMEN LOCAL por entender que el mismo anula el principio de autonomía local y supone un recorte sin precedentes en materia social derivado de la de la delimitación de competencias y de la capacidad de intervención política que plantea.


2º.- Exigir a la FEMP que se oponga a este anteproyecto y que se establezca un marco de negociación transparente en el que pueda participar el municipalismo español.

3º.- Apoyar cuantas iniciativas de carácter político o jurídico se pongan en marcha para oponerse a esta modificación prevista.

4º.- Exigir al Gobierno de España que cualquier modificación legal que promueva en la materia garantice los principios constitucionales de autonomía local, subsidiariedad y suficiencia financiera.

De esta moción se dará traslado a:

1º-Presidente del gobierno.

2º.- Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

3º.- Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla Y León.

4º.- FEMP

5º.- Movimiento asociativo local

*Se adjunta documentos con el texto de la propuesta de modificación: http://iubenavente.com/documentos/LRBRL.pdf

3 comentarios:

Raúl dijo...

Hola,
cuelguen por favor el anteproyecto de ley para valorar su posicionamiento, que seguro es adecuado, pero la potenciación de la transparencia y la pertinencia en las actuaciones de un partido político como IU deben ser un pilar fundamental.

Izquierda Unida de Benavente dijo...

Buenos días:

Hemos tenido en cuenta su sugerencia y hemos incluido un enlace al texto íntegro del anteproyecto.

Como usted bien dice, la transparencia debe ser -y es- un pilar fundamental en la forma de entender la política en Izquierda Unida. Así lo entendemos también nosotros y así lo intentamos dentro de nuestras posibilidades.

Gracias por sus opiniones y su participación en el blog.

Un fraternal saludo.

Izquierda Unida de Benavente dijo...

Aunque se encuentra en el cuerpo de la entrada, el enlace directo es el siguiente: http://iubenavente.com/documentos/LRBRL.pdf